¿Por qué la ciudadanía acepta pagar sobornos? La tolerancia a la corrupción en América Latina

Why Do Citizens Accept Paying Bribes? Corruption Tolerance in Latin America

María Fernanda González Ramírez mafg.mdr2018@colef.mx 1

Alejandro Monsiváis-Carrillo amonsi@colef.mx 1

1 El Colegio de la Frontera Norte

ISSN: 1130-2887 - eISSN: 2340-4396

DOI: https://doi.org/10.14201/alh.28059

Envío: 2022-01-06

Aceptado: 2022-08-03

First View: 2022-10-20

Publicación: 2022-11-22

RESUMEN: Un mecanismo que refuerza la corrupción en las democracias actuales es la tolerancia de los ciudadanos a la corrupción. En este estudio analizamos la tolerancia a pagar sobornos usando datos de opinión pública en América Latina. El análisis muestra que la gente normaliza el pago de sobornos cuando desconfía de la integridad del régimen político, ya sea porque ha sido víctima de corrupción, percibe que la corrupción política está generalizada o siente desapego hacia el sistema político.

Palabras clave: tolerancia a la corrupción; sobornos; percepción de corrupción política; apoyo al sistema; América Latina

ABSTRACT: In contemporary democracies, the prevalence of corruption is reinforced when citizens tolerate corruption. This study analyzes a particular tolerance of corruption: the willingness to pay bribes. We argue that tolerance of paying bribes is influenced by people’s distrust in the political system’s integrity. Analyzing public opinion surveys conducted in Latin America, we provide evidence that corruption victimization, perceptions of political corruption, and political disaffection increase the odds of expressing tolerance of corruption.

Keywords: tolerance of corruption; bribes; perception of political corruption; system support; Latin America

I. introducción[1]

¿A qué se debe que la corrupción persista, aún en contextos de liberalización económica o democratización? (McMann et al., 2020; von Soest, 2014). Un número creciente de estudios destaca que la propia ciudadanía desempeña un papel clave en hacer de la corrupción algo «normal», esperado y aceptable. Por un lado, existe evidencia de que, bajo determinadas circunstancias, los ciudadanos respaldan a políticos y gobernantes corruptos (Chang y Kerr, 2017; Martínez Rosón, 2016; Winters y Weitz-Shapiro, 2013; Zechmeister y Zizumbo-Colunga, 2013). Por otro, se ha encontrado que las personas consideran admisible participar en la corrupción, accediendo a pagar sobornos, aún cuando puedan sentir un rechazo intrínseco hacia esa práctica (Morris, 2008; Pozsgai-Alvarez, 2015, pp. 122-123),

¿Qué es lo que hace que la gente considere normal participar en la corrupción? En este estudio analizamos la tolerancia a pagar sobornos en América Latina. Una contribución teórica de este trabajo es concebir a las actitudes de tolerancia al pago de sobornos como la expresión de un problema estratégico o de acción colectiva. De acuerdo con diversos estudios, las personas y las organizaciones se ven implicadas en prácticas de corrupción en la medida en la que alcanzar sus fines por la vía legal puede resultarles más costoso e ineficiente, puesto que muchas otras personas u organizaciones optarán por corromperse (p. ej., Arellano Gault, 2018; Mishra, 2006; Persson et al., 2013). Esta perspectiva no solo pone el acento en el carácter instrumental o racionalista de la aceptación del pago de sobornos, sino que lo hace en función de la percepción de que muchos otros se comportarán de la misma forma, pues el sistema y las instituciones propician ese comportamiento. En esta línea, Bohn (2014) ha encontrado que las personas se ven motivadas a comportarse como «corruptoras racionales» cuando se han visto expuestas a peticiones de sobornos, pero también cuando perciben que las autoridades y las instituciones carecen de la voluntad o de la capacidad para hacer cumplir las reglas. Estos hallazgos revelan que la percepción que tienen los ciudadanos de la integridad de las instituciones y los actores políticos influye en las actitudes de tolerancia la corrupción.

Nuestro argumento avanza un paso más en el análisis de las actitudes hacia las instituciones políticas y su relación con la tolerancia a la corrupción. Sostenemos que la creencia de que el sistema político propicia el comportamiento oportunista y el incumplimiento de las reglas es un factor clave para normalizar el pago de sobornos. Tal creencia, sin embargo, no se limita a las instituciones directamente vinculadas con la impartición de justicia o el combate a la corrupción, sino que se refiere a los actores políticos en su conjunto y al sistema político en su totalidad. Para evaluar este planteamiento analizamos las rondas 2016-2017 y 2018-2019 de las encuestas levantadas en 18 países de América Latina por el Barómetro de las Américas[2]. La evidencia muestra que la tolerancia al pago de sobornos se asocia, en efecto, con las experiencias personales de victimización o la desconfianza en la impartición de justicia. Sin embargo, la principal aportación de este estudio es mostrar que los ciudadanos que más desafectos se sienten ante el régimen, sus instituciones y actores políticos, son quienes tienen mayor probabilidad de tolerar el pago de sobornos.

En la primera parte de este trabajo discutimos la importancia de analizar de la tolerancia al pago de sobornos para entender cómo se normaliza la corrupción. En la segunda parte desarrollamos el fundamento teórico de las hipótesis que guían el análisis empírico. En la tercera describimos los datos, las variables y el método utilizados. Por último, discutimos los resultados y sus implicaciones. Las conclusiones ofrecen una síntesis de los hallazgos y sus implicaciones.

II. Corrupción y tolerancia a la corrupción

La corrupción es un fenómeno complejo y multifacético. Los especialistas coinciden en que consiste en la apropiación o abuso de un poder público cuya finalidad es obtener un beneficio particular o privado (Johnston, 2005; Nye, 1967, p. 419). Fundamentalmente, la corrupción introduce un mecanismo de duplicidad que vulnera las normas básicas de una sociedad democrática. Como señala Warren (2004, p. 334), los agentes que participan en la corrupción trasgreden deliberadamente las normas y leyes aunque aparenten cumplir con ellas. De esta manera, en lugar de recibir el trato equitativo e imparcial al que tienen derecho los ciudadanos (Rothstein, 2014), la duplicidad intrínseca a la corrupción provoca desigualdades y exclusión en todas las esferas sociales en las que se produce esa apropiación privada de un bien público (Warren, 2004).

La corrupción es el denominador común de fenómenos tan diversos y disímiles como nepotismo, desfalco, malversación de fondos, fraudes contables, conflicto de interés, compra de votos, extorsión, sobornos, intercambio de favores, captura del Estado, y otros (Morris y Blake, 2010, pp. 2-4; Rose-Ackerman y Palifka, 2016, pp. 8-9). De acuerdo con Uslaner (2008, pp. 132-133), la corrupción de «alto nivel» es la que se realiza entre gente con «poder y dinero», como los políticos, los legisladores, ministros, jueces, empresarios y similares. En cambio, la corrupción de «bajo nivel» es la que tiene lugar entre profesionales comunes, como «periodistas, profesores, maestros y médicos». Uslaner (2008, pp. 132-133) también distingue entre la «gran» (grand) y la «pequeña» (petty) corrupción. Mientras la primera se refiere a la magnitud de corrupción que se puede encontrar en distintos grupos de elite, la segunda se refleja en los «pagos» u «obsequios» a médicos, bancos, la policía, el gobierno local, y otros, que se requieren para «andar por la vida».

Paradójicamente, la ciudadanía desempeña un papel importante en normalizar algunas prácticas de corrupción de alto y bajo nivel. Diversas investigaciones han encontrado que los votantes pueden tolerar la corrupción entre los políticos y gobernantes. En América Latina, cuando la situación económica del país luce favorable, los ciudadanos penalizan menos la aprobación presidencial a causa de la prevalencia de corrupción (Zechmeister y Zizumbo-Colunga, 2013). De acuerdo con Winters y Weitz-Shapiro (2013), los votantes de ingresos altos en Brasil le dan más importancia al desempeño de los políticos en el gobierno que al hecho de que sean corruptos. Igualmente, en Costa Rica, algunos votantes están dispuestos a apoyar a políticos deshonestos pero competentes (Martínez Rosón, 2016). En diversos países africanos, Chang y Kerr (2017) encuentran que los ciudadanos son más tolerantes a la corrupción de los políticos cuando forman parte de las redes clientelares de esos políticos. En España, para los votantes, lo que importa no es tanto qué tan corrupto es el partido gobernante, sino qué tanto lo es comparado con los otros partidos (Cordero y Blais, 2017).

De igual manera, las personas pueden acceder a ser parte de la corrupción pagando sobornos, «mordidas» o «coimas» (Morris, 2008). Se trata, evidentemente, de un tipo de corrupción «pequeña», de «bajo nivel», pero es corrupción de cualquier forma. De acuerdo con Bauhr (2017), la pequeña corrupción puede presentarse bajo la figura de «avidez» (greed corruption), cuando los ciudadanos sobornan a un funcionario público para acceder a un beneficio al cual no tienen derecho, pero también como «necesidad» (need corruption). En este último caso, el soborno tiene la finalidad de acceder a un servicio para el cual sí se tiene derecho. La diferencia es clave. Ante la corrupción por necesidad, Bauhr (2017) encuentra que la ciudadanía está más dispuesta a mostrar actitudes favorables a movilizarse para combatir la corrupción. Esta disposición no se manifiesta cuando está en juego la corrupción por avidez.

III. ¿Por qué la gente tolera la corrupción?

La normalización de la corrupción, a pequeña y gran escala, se produce en la medida en que las personas y las organizaciones tienen información que les indica que otras personas u organizaciones se comportarán de forma corrupta en una situación similar. En tales circunstancias, acatar las reglas les habrá de generar más costos que beneficios. Por ejemplo, Persson et al. (2013) argumentan que la persistencia de la corrupción se debe más a un problema de acción colectiva que a un problema de incentivos y mecanismos de monitoreo del comportamiento de los individuos. En un problema de acción colectiva, los actores pueden saber bien que es mejor para todos eliminar la corrupción, «pero debido a que no pueden confiar que otros actores, en su mayoría, se abstendrán de realizar prácticas corruptas, no encuentran razón para ellos mismos abstenerse de pagar o solicitar sobornos» (Persson et al., 2013, p. 457).

Un desarrollo formal de un argumento similar lo formula Mishra (2006) mediante la teoría de juegos. En el marco de un modelo estático, Mishra (2006) muestra que una corrupción extendida refuerza la reproducción de esa corrupción, ya que se convierte en el comportamiento en equilibrio o la norma social, por más que existan agencias o políticas que la combatan. La corrupción no solamente aumenta el beneficio de romper las reglas, sino que también aumenta el costo de cumplir con ellas, favoreciendo así la normalización de los comportamientos ilícitos. Adicionalmente, señala este autor, a los individuos les conviene adoptar un comportamiento corrupto en el largo plazo, independientemente de cómo se comporten los demás. A saber, desde el punto de vista de cómo habría de evolucionar el comportamiento de cada individuo, es más sencillo que se generalice el comportamiento corrupto en la sociedad a que lo haga el comportamiento que acata las reglas.

En la misma línea, Bergman (2009) demuestra que un equilibrio estratégico de carácter social explica las diferencias en los sistemas de recaudación de impuestos en Chile y Argentina. A grandes rasgos, las personas y las organizaciones están dispuestas a pagar impuestos cuando saben que otros también lo harán, como en Chile, a causa de factores sociales, culturales y estatales. En cambio, tratarán de «hacer trampa» o «burlar» al sistema esperando que sean otros los que incurran con ese pago, como sucede en Argentina. Asimismo, Arellano Gault (2018) muestra que las empresas privadas internalizan en sus rutinas y soluciones internas los sobornos que habrán de pagar al gobierno en un entorno de corrupción sistémica. Mediante una encuesta a empresas en México y estudios de caso analizados con mayor profundidad, Arellano Gault (2018) argumenta que la corrupción se normaliza cuando tanto las empresas como el gobierno adoptan medidas adaptativas para procesar rutinariamente los sobornos que hay que pagar cotidianamente.

Cuando se trata de la tolerancia hacia la «pequeña corrupción», lo que se pone en juego no es solamente su carácter instrumental o el hecho de que pagar sobornos puede ser la forma más eficiente de acceder a un trámite o servicio público. La clave está en la creencia de que muchos otros se comportarán de la misma forma, pues el sistema y las instituciones propician ese comportamiento. Por ello, la normalización del pago de sobornos está asociada a que la gente percibe que las instituciones no sancionan el comportamiento oportunista e ilegal. Esto no significa que la gente crea que sea correcto hacerlo. Como señala Pozsgai-Alvarez (2015, pp. 122-123), aún la gente que siente rechazo hacia las prácticas de corrupción puede mostrarse tolerante con el pago de sobornos. La cuestión es, desde luego, ¿qué factores o condiciones pueden hacer que la gente crea que pagar sobornos es una opción que muchas otras personas podrían elegir en lugar de acatar las reglas? Si la experiencia propia es fuente de información para saber qué se puede esperar en determinadas circunstancias, entonces un factor clave es haber sido víctima directa de una solicitud de soborno (Bohn, 2014; Morris, 2008; Pozsgai-Alvarez, 2015; Seligson, 2006). Se haya accedido a esa petición o no, la experiencia cuenta. Por ello, la gente que se ha visto expuesta a la acción corruptora de un funcionario público puede pensar que ese comportamiento es lo esperado en esas circunstancias. Entonces, nuestra primera hipótesis es la siguiente:

H1: Las personas que han sido víctimas de una solicitud de soborno tendrán mayor probabilidad de creer que pagar sobornos es una práctica justificada que las personas que no han sido víctimas de una solicitud de ese tipo.

Al mismo tiempo, no es requisito indispensable haber recibido una petición de soborno para suponer que el sistema político en su totalidad propicia el comportamiento oportunista y el incumplimiento de las reglas. La gente puede concluir que la norma es el comportamiento corrupto en la medida en que tenga una opinión acerca de cómo funcionan el sistema político y sus instituciones. En ese sentido, Bohn (2014) ha mostrado que el contacto con el gobierno local, la percepción de corrupción de funcionarios públicos, el esfuerzo del gobierno en el combate a la corrupción, o la desconfianza en el sistema de justicia son predictores de la tolerancia al pago de sobornos.

Sin embargo, la ciudadanía no solamente decide si pagar un soborno o no en función de sus actitudes hacia el gobierno en turno, los funcionarios o el sistema de justicia. Es posible que la creencia de que el pago de «mordidas» o «coimas» es algo esperado dependa, de hecho, de un juicio más general acerca del sistema político. Los estudios sobre apoyo al sistema reconocen que la ciudadanía distingue entre autoridades y gobernantes, el funcionamiento de las instituciones políticas y el apego que se siente hacia el sistema político en su totalidad (Norris, 2017). Sobre esta base, sostenemos que la tolerancia a la corrupción depende de las actitudes de las personas hacia la integridad del sistema político. Un sistema político con integridad es aquel en el que las normas y las leyes se cumplen de forma debida e imparcial (Rothstein, 2014), sin provocar exclusiones arbitrarias del acceso a libertades y derechos de la ciudadanía (Warren, 2004). En cambio, un sistema político con poca integridad es aquel en el que las reglas se cumplen parcialmente o de forma oportunista, en función de la posibilidad que tengan los actores de beneficiarse de la simulación o la falta de cumplimiento. Cuando las personas desconfían de la plena integridad del sistema político, pueden verse más inclinadas a aceptar como algo esperado y normal el pago de sobornos.

A partir de estas consideraciones, proponemos dos hipótesis complementarias. Una de ellas se enfoca en la corrupción percibida en los actores políticos en general; la otra contempla las actitudes hacia el sistema político.

H2a: Las personas que perciban que la corrupción de los políticos y funcionarios está generalizada se verán más dispuestas a tolerar el pago de sobornos que la gente que crea que la corrupción de políticos y funcionarios es algo excepcional.

H2b: Las personas que sientan mayor respeto por el sistema político y sus instituciones tendrán menos disposición a creer que el pago de sobornos es algo normal, que las personas que experimenten mayor desconfianza y desapego hacia el régimen político.

IV. Datos, variables y método

Los datos que usamos en este análisis provienen de las rondas 2016-2017 y 2018-2019 de las encuestas levantadas en 18 países de América Latina por el Barómetro de las Américas. Todas las encuestas son representativas a nivel nacional de la población adulta en edad de votar y fueron realizadas a través de un muestreo alteatorio multietápico, estratificado por región y localidades urbanas y rurales. Las entrevistas se realizaron cara a cara en hogares con las personas seleccionadas. En total, el número de entrevistas es de 55,593. Las encuestas nacionales fueron levantadas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela[3].

Las encuestas del Barómetro de las Américas cuentan con una serie de preguntas que resultan apropiadas para evaluar las hipótesis de este estudio. La tabla A1 del anexo presenta la estadística descriptiva de las variables utilizadas. La variable dependiente es la tolerancia a la corrupción, medida con esta pregunta: «EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida (o soborno)?» Las opciones de respuesta son dos: Sí = 1 y No = 0. Entre la ciudadanía de América Latina, la tendencia a considerar aceptable que se pague un soborno es baja, ya que menos de una de cada cinco personas comparte esta actitud (17.9%). Sin embargo, entre los países existen diferencias importantes, como se puede ver en el gráfico 1.

Gráfico 1. Tolerancia a la corrupción en América Latina (2016-2019)

Fuente: elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas (www.vanderbilt.edu/lapop).

La primera variable independiente es la condición de víctima de corrupción. Si una persona tuvo la experiencia de que la policía (EXC2) o un servidor público (EX6) le solicitara un soborno a lo largo del último año, la variable adopta un valor de «1». Si la respuesta es que no se tuvo una experiencia de ese tipo, se registra como «0». En América Latina, en promedio, 14 % de la población en edad de votar se vio involucrada en una situación de ese tipo. No obstante, en algunos países esa población está por encima del 25 %, mientras que, en otros, apenas llega al 10 %. Es preciso notar que la pregunta no mide si la persona accedió a esa petición, ya que pudo haberse negado.

La segunda variable independiente, percepción de corrupción política, se basa en el reactivo: «EXC7NEW. Pensando en los políticos de México, ¿cuántos de ellos cree usted que están involucrados en corrupción?». Las opciones de respuesta son cinco, en un rango que cubre de «ninguno» hasta «todos». La percepción de corrupción política promedio en la región es de 3.7, lo cual equivale a que la ciudadanía piensa que la mitad de los políticos, si no es que más de la mitad, están implicados en corrupción. Es importante señalar que esta variable fue medida en los 18 países de América Latina incluidos en el análisis en la ronda de 2016-2017. Sin embargo, en la ronda de 2018-2019, aunque también fue observada en los 18 países, solamente se aplicó a la mitad de cada muestra nacional. Entonces, los cálculos que se realizan con esta variable se hacen a partir de 40,418 observaciones.

En tercer lugar, el análisis incluye la percepción de imparcialidad administrativa. Esta variable se basa en la siguiente pregunta: «EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos en el país está: (1) Muy generalizada (2) Algo generalizada (3) Poco generalizada (4) Nada generalizada». Como puede apreciarse, esta pregunta indaga por el nivel de corrupción pública percibido, pero no entre la clase política, sino entre los funcionarios públicos. En el análisis, hemos dejado intacto el nivel de medición, de forma que el valor más alto es indicativo de ausencia de corrupción. De ahí que consideremos a esta variable como un indicador de percepción de imparcialidad administrativa. Esta pregunta fue aplicada en los 17 países contemplados en la ronda de 2018-2019, pero solo en la mitad de la muestra. Por ello, solamente se observa en 13,646 casos de los países de la región. El promedio de esta variable es de 1.9, indicando que la opinión media es que existe un nivel de corrupción «algo generalizada» o poca imparcialidad administrativa.

En cuarto lugar está el apoyo al sistema político. Este es un índice aditivo compuesto por cuatro variables que miden el nivel de legitimidad que la ciudadanía le confiere al sistema político. Los reactivos miden el nivel de respeto por las instituciones políticas del país (B2), la creencia de que los derechos básicos de los ciudadanos están bien protegidos (B3), el orgullo que se siente de vivir en el sistema político del país (B4) y el nivel de apoyo que se le debe dar al sistema político de ese país (B6). Se trata de un índice con un alto nivel de consistencia (alpha de Cronbach =0.7911) y que explica el 62 % de la variabilidad conjunta de esos reactivos. El índice fue medido de tal forma que adopta valores de 0 a 1.

En el análisis incluimos como variable de control a la confianza en el sistema de justicia. En el estudio de Bohn (2014), esta variable influye en la probabilidad de que las personas actúen como «corruptores racionales» –otras variables utilizadas por Bohn (2014) ya no están disponibles en las encuestas. Esta variable se basa en la siguiente pregunta: «AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial castigue al culpable?». La escala de medición la revertimos de manera que el valor más alto (4) indica mayor confianza en el sistema de justicia. Otra variable que incluimos es el interés en la política –«POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política? –al igual que en el caso anterior, el valor más alto (4) indica más interés en la política. El interés en la política es un relevante predictor del compromiso cívico y político de las personas (Robison, 2017). Un mayor interés en la política debería asociarse con menor tolerancia la corrupción.

Otras variables de control son de tipo sociodemográfico: sexo, grupos de edad, nivel educativo y bienestar doméstico. Con respecto al sexo, los grupos de edad y el bienestar doméstico, no tenemos ninguna expectativa pre-definida. En cambio, esperamos que las personas que hayan alcanzado un nivel de estudios más alto estén menos dispuestas a tolerar la corrupción, puesto que el nivel educativo se asocia con un juicio ciudadano más orientado por normas democráticas (Hakhverdian y Mayne, 2012; Monsiváis-Carrillo y Cantú Ramos, 2020). Las personas con más años de estudios formales podrían reconocer que la corrupción es una práctica que rompe con las normas de legalidad e imparcialidad y, en consecuencia, mostrar actitudes menos permisivas. De esta forma, la categoría «Primaria o menos» reúne a las personas con 6 años o menos de estudio. Los «estudios secundarios» abarcan a quienes tienen entre 7 y 12 años de educación formal. Quienes han cursado entre 13 y 15 forman parte de la categoría «estudios post-secundarios». Aquí están quienes solo han cursado estudios de bachillerato, carreras técnicas o los primeros años del ciclo universitario. Por último, en «estudios universitarios» están quienes han concluido sus estudios universitarios o tienen posgrado. Para medir el bienestar doméstico usamos la metodología propuesta por Córdova (2009). El resultado es una variable de cinco categorías que mide la presencia el hogar de bienes como refrigerador, teléfono, teléfono móvil, automóvil, computadora, internet, entre otros.

VI.1. Método

Dado que la variable dependiente es dicotómica, en el análisis usamos regresiones logísticas. Los resultados reportan los coeficientes de la función logística, pues facilitan identificar si la relación entre variables es positiva o negativa, pero no deben interpretarse como coeficientes de una regresión lineal. Una forma de interpretar los coeficientes es convertirlos en razones de momios mediante la función exponencial. Sin embargo, también se pueden obtener predicciones probabilísticas de la variable de resultado cuando las variables independientes adoptan distintos valores. Hacemos esto en la discusión de los hallazgos mediante una serie de gráficos para ilustrar los principales resultados.

Por otra parte, las regresiones toman en cuenta el diseño complejo de la muestra. Este método tiene la ventaja de que estima errores estándar que consideran las fuentes de error debidas al diseño muestral, reduciendo el riesgo de rechazar una hipótesis nula que es verdadera o aceptar una relación entre variables que no es sistemática. El análisis se puede replicar estimando errores estándar linearizados ajustando por las unidades primarias de observación («upm»), los estratos muestrales («estratopri») y una variable que pondera el número de observaciones por país («weight1500»).

Todos los modelos incorporan los efectos fijos de cada país-año incluido en los datos. Como puede verse en el gráfico 1, las diferencias entre países en cuanto a la tolerancia hacia la corrupción son notorias. Esto sugiere que las características propias de cada país deben ser tomadas en cuenta. Puesto que nuestras hipótesis conciernen al nivel individual, no utilizamos regresiones jerárquicas, pero sí controlamos la heterogeneidad debida a los países-año de la encuesta usando efectos fijos. Contando la categoría base, cada modelo incorpora 35 efectos fijos por país-año. Por razones de espacio, estos resultados se omiten de las tablas, pero están disponibles con los autores.

Siguiendo las recomendaciones de Achen (2005), mantenemos la especificación de los modelos de la forma lo más parsimoniosa posible. Hicimos pruebas con diversas variables de control: satisfacción con la democracia, evaluación de la economía nacional, evaluación de la economía personal, participación electoral, ideología, condición étnico-grupal no-blanco, situación de las finanzas en el hogar y otras. Muchas de estas variables no son estadísticamente significativas (ideología, condición étnico-grupal, situación de las finanzas en el hogar). Otras son co-lineales con las variables independientes o pueden tener problemas de causalidad inversa con la variable dependiente (evaluación de la economía nacional y personal, satisfacción con la democracia, participación electoral). Sin embargo, los resultados sustantivos que discutiremos enseguida no cambian. Por ello decidimos dejar las variables estrictamente necesarias para evaluar las hipótesis controlando los confusores decisivos.

V. Resultados y discusión

Los resultados del análisis se muestran en la tabla 1. En todos los modelos se incluye la variable independiente que mide las experiencias de victimización. El modelo 1, además, evalúa la relación entre la percepción de corrupción politica y la tolerancia al pago de sobornos. El modelo 2 hace lo propio con la percepción de imparcialidad de los funcionarios públicos. El modelo 3 se enfoca en el apoyo hacia el sistema político. Enseguida, el modelo 4 evalúa conjuntamente las experiencias de victimización, la percepción de corrupción política y el apoyo al sistema. El modelo 5 reproduce el análisis usando la variable de percepción de imparcialidad administrativa. No presentamos un modelo con las cuatro variables independientes debido a que la percepción de corrupción y la percepción de imparcialidad administrativa fueron medidas en muestras divididas. Si se incluyen juntas, no procede el análisis debido a la falta de obsevaciones. Adicionalmente, todos los modelos incluyen las variables de control y los efectos fijos por país-año de encuesta.

La primera hipótesis sostiene que las personas que han sido víctimas de corrupción tendrán mayor probabilidad de creer que pagar sobornos es una práctica justificada que las personas que no han sido víctimas de una solicitud de ese tipo. El análisis muestra que la variable «víctima de corrupción» resultó significativa en todos los modelos. De acuerdo con el planteamiento teórico, la experiencia de haber sido vícitma de corrupción puede favorecer la tolerancia a los sobornos en la medida en que le indica a la persona que esa práctica es algo común y esperado.

Tabla 1. Determinantes de la tolerancia a la corrupción en América Latina

	M1	M2	M3	M4	M5
Víctima de corrupción	0.65***	0.73***	0.69***	0.64***	0.71***
	[0.036]	[0.067]	[0.032]	[0.037]	[0.067]
Percepción de corrupción política	0.12***			0.10***
	[0.014]			[0.015]
Percepción de imparcialidad administrativa		-0.00 [0.024]			0.00 [0.024]
Apoyo al sistema político			-0.44***	-0.37***	-0.28*
			[0.063]	[0.076]	[0.129]
Confianza en la justicia	-0.09***	-0.08**	-0.08***	-0.07***	-0.06*
	[0.014]	[0.023]	[0.012]	[0.015]	[0.024]
Interés en la política	0.01	-0.03	0.01	0.02	-0.02
	[0.015]	[0.027]	[0.013]	[0.015]	[0.027]
Mujer	-0.15***	-0.06	-0.14***	-0.15***	-0.06
	[0.028]	[0.051]	[0.025]	[0.028]	[0.051]
Educación: primaria o menos
Estudios secundarios	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
	[0.046]	[0.086]	[0.041]	[0.046]	[0.086]
Estudios post-secundarios	0.02	-0.09	-0.00	0.01	-0.09
	[0.043]	[0.083]	[0.038]	[0.043]	[0.083]
Estudios universitarios o más	-0.11*	-0.29**	-0.14**	-0.12*	-0.30**
	[0.050]	[0.095]	[0.045]	[0.050]	[0.095]
Grupos de edad: 16 a 30 años
31 a 45 años	-0.36***	-0.35***	-0.36***	-0.37***	-0.37***
	[0.034]	[0.061]	[0.030]	[0.034]	[0.061]
46 a 60 años	-0.48***	-0.61***	-0.51***	-0.49***	-0.62***
	[0.041]	[0.076]	[0.036]	[0.041]	[0.076]
61 o más	-0.76***	-0.77***	-0.78***	-0.77***	-0.77***
	[0.055]	[0.102]	[0.047]	[0.055]	[0.102]
Bienestar doméstico	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
	[0.012]	[0.022]	[0.011]	[0.012]	[0.022]
Constante	-1.40***	-1.21***	-0.69***	-1.16***	-1.07***
	[0.117]	[0.169]	[0.091]	[0.126]	[0.182]
N=	36,149	10,761	47,759	36,149	10,761
Efectos fijos por país-año	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pseudo-R cuadradaa	0.050	0.045	0.051	0.053	0.046
Clasificación correctaa	80.99%	81.52%	81.42%	80.95%	81.48%

Nota: la variable dependiente, «tolerancia a la corrupción», mide la disposición a aceptar sobornos. Regresiones logísticas ajustando por el diseño de muestra. Errores estándar linearizados entre corchetes.

Nivel de significancia: *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05.

a Estimaciones basadas en errores estándar robustos.

La segunda hipótesis examina el impacto que ejerce la evaluación de la integridad del sistema político en la normalización de los actos de corrupción. En este caso, nos enfocamos en evaluar la hipótesis H2a utilizando dos variables independientes alternativas: la percepción de corrupción entre políticos (modelos 1 y 4) y la percepción de imparcialidad de los funcionarios públicos (modelos 2 y 5). Al poner a prueba cada una de estas variables, encontramos que la percepción de corrupción politica sí está asociada con la tolerancia a la corrupción de manera estadísticamente significativa. De acuerdo con nuestro argumento, cuando la gente percibe que la clase política se conduce de forma oportunista y buscando su beneficio propio, asume que el pago de sobornos es algo normal en el sistema político.

Sin embargo, también nos encontramos con un dato peculiar: la percepción de imparcialidad de los funcionarios públicos no tiene una relación significativa con la variable dependiente. ¿A qué se debe este resultado? Una posible explicación es que la gente piensa que la corrupción entre los funcionarios públicos está algo o muy generalizada –esta es la opinión del 69 % de los individuos en América Latina. Cuando esto sucede, puede que la percepción de corrupción ya no haga diferencia. Como mencionan Navia et al. (2020), estudiando el caso de Guatemala, cuando la gente percibe que todos los funcionarios son corruptos, aún los grandes escándalos de corrupción contribuyen poco a aumentar esa creencia. En consecuencia, las variables comúnmente identificadas como determinantes de la percepción de corrupción pierden poder explicativo. Una explicación alernativa es que la pregunta se aplicó en una muestra dividida y el menor número de observaciones pudo haber cancelado la relación. Sin embargo, aún usado sólo los datos de la muestra dividida, la percepción de corrupción política sigue siendo estadísticamente significativa. Más aún, la percepción de corrupción de los políticos sí tiene una relación estadísticamente significativa con la tolerancia a la corrupción y se encuentra todavía más generalizada —el 86 % piensa que entre la mitad y todos los políticos son corruptos. Podríamos conjeturar, entonces, que la gente espera que los funcionarios sean corruptos, pero eso no es suficiente para tolerar la corrupción. Se requiere que la gran mayoría de los políticos lo sea y que el sistema inspire desconfianza.

Precisamente, la hipótesis H2b postula que un mayor apego hacia el sistema político y sus instituciones estará asociado con una menor disposición a creer que el pago de sobornos es algo normal. Los resultados de los modelos 3, 4 y 5 confirman esta expectativa. La asociación entre el apoyo al sistema político y la tolerancia a la corrupción es negativa. Es interesante que el sentimiento de apego hacia al sistema político se asocie con una menor probabilidad de tolerar la corrupción. Parece que la gente normaliza la corrupción cuando alberga serias dudas acerca de la integridad de las instituciones. Por el contrario, si el entramado institucional del sistema político inspira respeto y apoyo, entonces es probable que la gente considere que los eventos de corrupción son más una anomalía que una regularidad y, en consecuencia, sean menos tolerantes con la posibilidad de acceder a la pequeña corrupción.

Gráfico 2. Determinantes de la tolerancia a la corrupción: probabilidades predichas

Fuente: Probabilidades predichas a partir de estimaciones basadas en el modelo 4 de la tabla 2. Intervalos de confianza de 95 %. Todas las estimaciones asumen que las co-variables están en su valor medio.

Ahora bien, con la intención de conocer la importancia relativa de cada variable independiente, hicimos estimaciones de la probabilidad de aceptar el pago de sobornos a partir del modelo 4, considerando a todas las demás variables en su nivel medio. Los resultados se representan en los paneles de el gráfico 2. El análisis muestra que la variable independiente que tiene un mayor impacto en la tolerancia a la corrupción es haber sido víctima de una petición de soborno. Como se ve en el panel 2A del gráfico 2, quienes fueron víctimas de una petición de soborno tienen una probabilidad igual a 0.265, es decir, 26.5 %, de justificar los sobornos, comparados con los que no, quienes tienen un 16 %. La diferencia es de 10.5 puntos porcentuales. Por otra parte, la influencia que ejercen la percepción de corrupción política (panel 2B) y el apoyo al sistema (panel 2C) es muy similar. Entre las personas que piensan que todos los políticos son corruptos, el 18.5 % justificará los sobornos. En cambio, el 13 % de quienes perciben que ningún político es corrupto aceptará esa práctica. Asimismo, las personas que sienten un gran apego hacia el sistema político tienen un 5.3 % menos de probabilidad de justificar los sobornos (15.3 %) que quienes se sienten completamente desapegadas (20.6 %). El gráfico 2 también permite visualizar que las variables independientes que incluimos en los modelos son tan relevantes, o incluso marginalmente más, que la «confianza en la justicia» (panel 2D), uno de los indicadores contemplados por Bohn (2014) en su estudio. La diferencia entre las categorías más baja y más alta de esta variable es de 3% en la probabilidad de tener una actitud tolerante de la corrupción. Esta diferencia en la probabilidad es estadísticamente menor al 5 % de diferencia esperada que se observa cuando la percepción de corrupción o el apoyo al sistema cambian de su valor más bajo al más alto.

El análisis ofrece otros hallazgos relevantes. Por ejemplo, los hombres (18.5%) tienen más probabilidades de tolerar la corrupción que las mujeres (16.4%), así sea marginalmente. Asimismo, la tendencia a tolerar la corrupción parece estar más presente entre las personas más jóvenes, ya que quienes tienen entre 16 y 30 años tienen un 22% de probabilidad de aceptar el pago de sobornos, en comparación con un 11.4% de las personas de 60 años y más. Por otra parte, estudios previos muestran que el conocimiento político influye en una menor tolerancia a la corrupción en los políticos (Martínez Rosón, 2016). En este caso, si bien el interés en la política resultó tener un efecto nulo en la tolerancia a la corrupción, las diferencias en el nivel educativo sí son estadísticamente significativas. Específicamente, las personas con estudios universitarios tienden a tolerar menos el pago de sobornos.

Estos resultados nos permiten tener confianza en el argumento principal del artículo: la tolerancia al pago de sobornos está asociada con la creencia de que el sistema político en su conjunto propicia que la gente prefiera romper las reglas a cumplirlas cuando solicita bienes o servicios públicos. Desde luego, es necesario llevar a cabo más investigaciones para estudiar con mayor detenimiento este fenómeno en América Latina. Por un lado, ante la disponibilidad de nuevos datos a nivel país a través de proyectos como el de Variedades de la democracia (v-dem.net), sería recomendable analizar el impacto de determinantes contextuales en la disposición a pagar sobornos. En un estudio previo, Bohn (2014) encontró poca envidencia en ese sentido, pero su análisis podría replicarse con otras variables contextuales. Por otra parte, es importante generar indicadores más finos y multidimensionales de la tolerancia de los ciudadanos a la pequeña y gran corrupción en los países de la región. Finalmente, esta agenda de investigación no está limitada al uso de encuestas representativas. Es importante llevar a cabo estudios etnográficos y/o experimentales que contribuyan a entender cómo, cuando la gente cree que el sistema político propicia la corrupción, estará mas dispuesta a normalizar el pago de sobornos que cuando no es así.

VI. Conclusiones

Un gran problema en el combate a la corrupción es que la gente no solo participa, sino que considera aceptable participar en ella, aunque esta sea pequeña y pareciera no ser tan nociva, como cuando se paga un soborno a un servidor público. Como se muestra en este trabajo, el 14% de la ciudadanía latinoamericana declara ser tolerante al pago de sobornos. Pero mientras en unos países esa proporción apenas llega al 10%, en otros llega al 25% o más. En este estudio analizamos la tolerancia a pagar sobornos en América Latina con el objetivo de entender qué factores individuales contribuyen a hacer de esta prática algo normal y aceptable.

Una primera contribución de este trabajo es ofrecer una comprensión alternativa del problema de tolerancia a la corrupción. En lugar de pensar que se trata de una cuestión que depende del egoísmo o la moralidad de las personas, hemos recurrido a una literatura emergente que concibe la tolerancia a la corrupción como un problema estratégico o de acción colectiva. Desde esta perspectiva, la clave está en la creencia de que muchos otros se comportarán de forma corrupta. Así, aunque la gente encuentre reprobable el pago de sobornos, podrá pensar que es algo aceptable si piensa que es la forma más eficiente de obtener servicios públicos, ya que la gran mayoría optará por romper las reglas. A partir de este planteamiento, hemos postulado que las personas se mostrarán más tolerantes a la corrupción cuando hayan tenido experiencias previas en ese sentido, pero también cuando tengan la convicción de que el sistema político tolera el comportamiento oportunista.

La segunda contribución de este estudio es aportar evidencia que confirma las expectativas formuladas. Hemos encontrado que el factor que más influye en la posibilidad de pensar que es aceptable pagar sobornos es haber tenido experiencias previas de victimización en ese sentido. Pensamos que haber sido vícitma de corrupción favorece la tolerancia a los sobornos en la medida en que es un indicador de que tal práctica es algo usual y esperado. De la misma forma, encontramos que la desconfianza en la integridad del sistema político se asocia con una mayor tolerancia al pago de sobornos. Esta relación se expresa de dos formas complementarias. Por un lado, la evidencia muestra que las personas que consideran que la corrupción está generalizada entre los políticos corruptos, tenderán a tolerar más la corrupción. Por el otro, conforme aumenta el desapego hacia el sistema político, también se incrementa la probabilidad de ser tolerante con el pago de sobornos. De esta manera, el aporte que este trabajo hace radica en ir un paso más allá de estudios previos, y añadir la categoría de análisis de integridad del sistema político, tanto en su forma de percepción de corrupción política, como en la forma de apoyo al sistema político.

Nuestro argumento general, basado en la evidencia empírica, es que la creencia de que el sistema político propicia el comportamiento oportunista y el incumplimiento de las reglas es clave para explicar la normalización del pago de sobornos. Este argumento incluye la desconfianza en el sistema de impartición de justicia, un factor clave en estudios previos, pero tiene un alcance más general. En este contexto, un hallazgo inesperado fue que la percepción de imparcialidad de los funcionarios públicos no se asocia estadísticamente con la variable dependiente. Sobre este tema en particular es necesario seguir investigando, pues podría estar asociado al hecho de que la ciudadanía puede tener expectativas muy bajas del nivel de profesionalización de los servidores públicos. En una región en la que la gran mayoría de los países carece de burocracias profesionalizadas, parece ser que para los ciudadanos ya no hace diferencia qué tanto más corruptos puedan ser los funcionarios —se espera que lo sean. En contraste, cuando las personas perciben que las instituciones y los políticos se conducen con duplicidad, en detrimento de un trato imparcial y apegado a los derechos de todas y todos los ciudadanos, estarán más dispuestas a pagar sobornos.

A partir de la evidencia recabada, es difícil hacer recomendaciones puntuales para formular programas destinados a prevenir el soborno u otras prácticas de pequeña corrupción. Sin embargo, al sugerir que la tolerancia a la corrupción depende, en alguna medida, de la creencia de la gente en la integridad e imparcialidad del sistema político, también podría pensarse que no hay nada más que hacer hasta que la calidad de las instituciones mejore. Antes que pronunciarnos en un sentido o en otro, destacamos la importancia de entender la tolerancia a la pequeña corrupción como un problema estratégico o de acción colectiva. Cuando las personas se enfrentan a una situación en la que pueden acceder a servicios públicos pagando sobornos, más allá de cuáles sean sus valores cívicos también importa qué información tienen acerca del desempeño de las instituciones y el comportamiento esperado de personas como ellas. Esta es una ruta de investigación que amerita seguir explorándose, pues podría dar lugar a aplicaciones basadas en evidencia.

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VIII. Anexo

Tabla A1. Estadística descriptiva

Variable	Rango	Media	Porcentaje	Intervalo de confianza de 95 %
Pagar soborno se justifica	0-1
No			81 %	0.805	0.814
Sí			19 %	0.186	0.195
Víctima de corrupción	0-1
No			84.5 %	0.840	0.849
Sí			15.5 %	0.151	0.160
Percepción de corrupción política	1-5
Ninguno			2.4 %	0.023	0.026
Menos de la mitad			10.8 %	0.105	0.112
La mitad			20.8 %	0.203	0.212
Más de la mitad			36.5 %	0.359	0.370
Todos			29.5 %	0.290	0.300
Percepción de imparcialidad administrativa	1-4
Corrupción muy generalizada			47.0 %	0.461	0.479
Corrupción algo generalizada			22.1 %	0.214	0.228
Corrupción poco generalizada			19.9 %	0.193	0.206
Corrupción nada generalizada			11.0 %	0.105	0.116
Apoyo al sistema político	0-1	0.569		0.567	0.571
Confianza en la justicia	1-4
Nada			36.9 %	0.364	0.375
Poca			28.7 %	0.283	0.292
Algo			16.4 %	0.160	0.168
Mucha			17.9 %	0.175	0.184
Interés en la política	1-4
Nada			35.8 %	0.352	0.363
Poco			30.6 %	0.301	0.311
Algo			20.9 %	0.205	0.214
Mucho			12.7 %	0.123	0.131
Sexo:	1-2
Mujer			50.7 %	0.504	0.510
Hombre			49.3 %	0.490	0.496
Educación:	1-4
Primaria o menos			24.5 %	0.239	0.251
Estudios secundarios			18.6 %	0.181	0.190
Estudios post-secundarios			33.3 %	0.328	0.339
Estudios universitarios o más			23.6 %	0.229	0.242
Grupos de edad:	1-4
16 a 30 años			37.5 %	0.372	0.379
31 a 45 años			29.8 %	0.295	0.301
46 a 60 años			19.9 %	0.195	0.203
61 o más			12.7 %	0.124	0.131
Bienestar doméstico (quintiles)	1-5	3.005		2.982	3.028

Fuente: elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas (www.vanderbilt.edu/lapop) de las rondas 2016-2017 y 2018-2019. Las cifras son estimaciones basadas en un cálculo que considera el diseño complejo de la muestra en cada año-país.